El verano muestra un anticipo de lo que viene

La transición ecológica avanzaba a buen ritmo, al menos en España, hasta que estalló el conflicto de Ucrania y se disparó la inflación. Estas piedras en el camino no deberían frenar las actuaciones contra el cambio climático, cuyas dramáticas consecuencias se han empezado a atisbar durante los dos últimos meses en forma de sequías e incendios. Leer

El verano muestra un anticipo de lo que viene

La transición ecológica avanzaba a buen ritmo, al menos en España, hasta que estalló el conflicto de Ucrania y se disparó la inflación. Estas piedras en el camino no deberían frenar las actuaciones contra el cambio climático, cuyas dramáticas consecuencias se han empezado a atisbar durante los dos últimos meses en forma de sequías e incendios. Leer

El verano de extremos climáticos que le ha tocado vivir a gran parte del planeta ha amplificado la demanda de la comunidad científica por acelerar la transición ecológica. La ola de calor infinita sufrida en julio y agosto ha puesto en jaque a países de Europa encargados de liderar ese proceso verde en medio de una grave crisis energética derivada de la pandemia y de la guerra de Ucrania, a la que es urgente dar solución sin que eso suponga una amenaza para el medio ambiente.

En esta coyuntura, España, uno de los protagonistas llamados a abanderar la hoja de ruta de la Agenda 2030, ha visto cómo las previsiones ligadas al cambio climático se han cumplido preocupantemente. Apenas existen precedentes de la sequía actual (un 26% menos de lluvia de lo habitual y los pantanos a poco más del 35% de su capacidad, según el Ministerio para la Transición Ecológica). Por no hablar de la inusual persistencia de altas temperaturas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado este mes que nuestro país ha tenido en 2022 el verano más caluroso desde que hay registros (1961), con una anomalía media de 2,2 grados centígrados.

Esa tormenta perfecta de calor extremo, humedad relativamente muy baja y vegetación seca ha sido un caldo de cultivo propicio para la aparición y propagación de los voraces incendios forestales que se han registrado en diversos puntos del territorio. Más de 286.000 hectáreas han ardido en España en lo que va de año por estos desastres, según datos del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (Effis). Esta cifra sitúa a España en cabeza de los países con más superficie calcinada en verano.

Lo más inquietante de este escenario es que, lejos de parecer una excepción en el registro histórico nacional, la propia Aemet ha alertado en sus informes de que estos fenómenos climáticos extremos serán más frecuentes en el futuro. A este respecto, Frédéric Mertens, profesor y coordinador del grado de Relaciones Internacionales y responsable de ODS de la Universidad Europea, asegura que, en esta línea, «España tenderá a ser un país desértico en el que empiezan a verse plantas que son naturales de desiertos, como por ejemplo en el sur de Alicante o Murcia. Y eso, con los años, podría acabar sucediendo también en lugares como Madrid«.

AMENAZA ENERGÉTICA

Antes de que Rusia invadiera Ucrania el pasado mes de febrero, nuestro país se hallaba inmerso en el debate de la UE sobre un uso eficiente de la energía para frenar o atenuar este problema medioambiental, en base a tres ejes: la descarbonización; la transición ecológica, con la vista puesta en el agotamiento de los yacimientos de combustibles fósiles, y la obtención de la independencia energética a través de las fuentes renovables. Sin embargo, según indica Carlos Solé, socio responsable de Energía de KPMG, la crisis energética acentuada en el continente por el cerrojo ruso a las exportaciones de gas natural «ha puesto de manifiesto la importancia de compatibilizar este objetivo de descarbonizar la economía sin descuidar la seguridad de suministro«.

Precisamente, en la línea de contener el dispendio de energía en plena escalada de precios, España puso en marcha este verano un plan de ahorro. Un paquete que, entre otras cosas, dispone que edificios públicos y privados reprogramen la temperatura de sus aires acondicionados, apaguen sus escaparates por la noche y se incremente la frecuencia en la revisión de las calderas para detectar posibles ineficiencias.

Ahora bien, en clave medioambiental, estas medidas son, a juicio de Mertens, «más bien soluciones cosméticas, ya que es un problema de gran complejidad«. Y añade que, si bien este ahorro energético puede ir en la dirección adecuada, una vez terminado el conflicto de Ucrania «esto solo se quedará siempre y cuando, después de un invierno duro, llegue otra sequía grande«.

El problema, según subraya, es que esta crisis «genera tal obsesión para Europa a nivel económico y político que el tema medioambiental ahora está en segundo plano». Ante este panorama, Solé comenta que en las últimas semanas han surgido «reflexiones sobre la importancia de las tecnologías de respaldo, como es el gas natural, o la contribución de la energía nuclear que están reabriendo el debate del papel que deben jugar en este proceso de transición». De hecho, los países más amenazados por los cortes en el suministro de gas, como Alemania, están intentando alargar la vida del carbón y las centrales nucleares de manera coyuntural, ya que tienen pocas alternativas en el corto plazo.

En el caso de España, Solé considera que su plan energético para contribuir a los objetivos europeos de 2030 hacia la descarbonización «es uno de los más ambiciosos, con el reto de alcanzar un 74% de energías renovables en la cesta de producción de electricidad y el impulso también de los gases renovables y los biocombustibles».

INFLACIÓN VERDE

Ahora bien, el tránsito hacia este modelo implica un nuevo desafío: controlar la greenflation o inflación verde. Durante los últimos meses, la espiral inflacionista también se ha traducido en una escalada de los precios de materias primas necesarias para la transición energética, como el estaño, el litio o el cobalto. Según refleja un estudio del Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua, estos recursos se encarecieron entre un 20% y un 90% solo en 2021.

Eoin Murray, responsable de Inversiones de Federated Hermes Limited, considera que «es probable que esta inflación verde aumente en las próximas dos décadas a través de una combinación de un incremento de la inversión verde y el desequilibrio entre la oferta y la demanda de metales». Y aquí, dice, la duda que surge es «si el mundo se embarca hacia una transición ordenada, en cuyo caso estará más cerca en el tiempo, o desordenada, siendo entonces un fenómeno de la próxima década».

Mientras se despejan estas dudas, las compañías energéticas que operan en España continúan acelerando sus iniciativas de transición verde. Por ejemplo, Iberdrola prevé que su potencia renovable instalada ronde los 60.000 megavatios en 2025, con un crecimiento del 55%.

De la misma forma, ha puesto en marcha recientemente proyectos como Francisco Pizarro, la mayor planta fotovoltaica de Europa, construida en Cáceres y que «producirá energía limpia suficiente para abastecer a más de 334.000 hogares y evitará la emisión de 150.000 toneladas de CO2 anuales», según explican desde la energética.

A su vez, las empresas de gestión del agua tienen un papel capital en España, considerada la huerta de Europa y uno de los países con mayor estrés hídrico. En concreto, siete de las diez cuencas con más sequía se encuentran aquí, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

En este sentido, el grupo Agbar ha intensificado durante los últimos años soluciones para maximizar la sostenibilidad en estas explotaciones, que van desde el tratamiento y la reutilización del agua con el fin de aumentar la disponibilidad de recursos hídricos a otras que incorporan sistemas de riego inteligente.

Desde esta compañía afirman que su línea de trabajo va en consonancia con la urgencia de «tomar medidas para preservar los recursos hídricos y dotar de una mayor resiliencia a ámbitos como la agricultura, por ser el sector donde se destina la mayor cantidad de agua dulce«.

La presión de los precios acorrala a los hogares españoles. En los supermercados, en las gasolineras, en las compañías de electricidad o gas… Y las previsiones de los economistas no auguran grandes esperanzas. Recientemente, el Consejo General de Economistas (CGE) advertía que España podría entrar en recesión con el invierno.

¿Más pérdida de la actividad económica? Acabamos de despedir agosto con una tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) del 10,4%. Llenar el carro de la compra o el depósito del coche se está haciendo cuesta arriba y ahora, ¿cómo afrontar los próximos meses?

Con el objetivo de preparar nuestros bolsillos y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU para proteger el planeta, los expertos lanzan algunas recomendaciones de fácil alcance para empoderar nuestros hogares. ¿Cómo? Integrando nuevas rutinas para lograr viviendas lo más sostenibles posible.

Por ejemplo, con el uso de bombillas LED. No solo suponen un ahorro del 80% respecto a las convencionales, sino que al no contener mercurio o gases contaminantes, su valor ecológico es más alto. Además, su vida útil es más extensa, situándose incluso por encima de las 40.000 horas. Las incandescentes aguantan una media de 1.200 horas.

Se trata de contaminar menos, aprovechando más la energía y el agua, reduciendo y reciclando residuos y utilizando el mayor número de materiales sostenibles al amueblar o construir la vivienda.

Reciclar, reducir consumos y reutilizar. Tres normas básicas en un hogar sostenible, así como no comprar lo que no se necesita, guardar las sobras en un recipiente de vidrio (nada de plástico, pues según un informe será responsable del 20% del consumo del petróleo global en 2050), usar bolsas de tela o comprar productos orgánicos.

La marca Ecohome da precisamente respuesta a esta última recomendación. Basándose en su «política zero waste y reutilizando los desechos del proceso de fabricación», su línea de artículos ecológicos para proteger el hogar Tatay pone en al mercado «soluciones duraderas en las categorías de menaje, ordenación y baño» elaborados con materiales 100% reciclados y a la vez, los productos son reciclables. También debe interiorizarse que, a la hora de comprar, sea cual sea el género, conviene elegirlo sin pesticidas ni fertilizantes químicos.

De la misma manera, para evitar la contaminación y el gasto del consumo fantasma, los expertos recomiendan no dejar aparatos electrónicos encendidos si no se están utilizando ni tampoco los cargadores enchufados. «Igual que apagamos el interruptor al salir de una habitación, también el router mientras dormimos», argumenta Sonia Hernández-Montaño Bou, experta en arquitectura saludable.

Aparte, preste atención a sus electrodomésticos y, al comprar uno nuevo, escoja entre aquellos que vayan acompañados de etiquetas energéticas A+, A++ o A+++. Lo notará en su factura de la luz.

Las ventanas de doble vidrio o el correcto aislamiento de las fachadas de los edificios son otras dos opciones eficaces y eficientes con el medio ambiente y el ahorro del bolsillo.

PANELES SOLARES

La instalación de paneles solares se postula como otra alternativa de tendencia. Frenan la contaminación, son fuentes de potencia inagotable y consiguen un ahorro promedio del 50% en el consumo energético. Y si se cuenta con baterías de almacenamiento, se puede alcanzar un 85%.

«Cada vez hay más sistemas de autoconsumo familiar y plurifamiliar que acaban reduciendo el coste de las facturas, aunque suponen una inversión inicial que en la actualidad cuenta con ayudas de los fondos europeos Next Generation EU», señala Hernández-Montaño. «Lo ideal es autoproducirnos energéticamente y no depender de un mundo globalizado».

Pensando en el verano, la especialista recuerda que «los aparatos de aire acondicionado son antisolidarios y antieficientes. Enfrían el aire de la casa mientras calientan el de la ciudad […] Es mejor usar los ventiladores«. Y de cara al invierno, Hernández-Montaño hace hincapié en la aerotermia, pues permite tener calefacción, refrigeración y agua caliente con facturas de luz y gas más reducidas.

En palabras de Santiago Chivite, director general de Imagina Energía, «las últimas noticias sobre el precio de la electricidad impulsan el avance de las energías renovables. Ahorro y sostenibilidad son ahora preocupaciones del consumidor español que piensa que está pagando más de lo que debería en su factura de la luz (58%) y busca alternativas más respetuosas con el medio ambiente».

Está difícil, pero es posible el despegue del turismo electrificado en España el año que viene. Empezamos por la conclusión antes de dar los argumentos. Que el lector juzgue al final. La evolución española en la electrificación del parque móvil es constante, aunque de momento demasiado lenta para cumplir los objetivos de emisiones exigidos.

Siguen dominando los coches viejos o muy viejos, la media es de 13,5 años de antigüedad, con propulsiones de combustión interna diésel o gasolina tres veces más contaminantes que las de coches con el mismo carburante recién salido de la factoría en 2022. ¿Entonces es disparatado pensar que se pueden cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030? Difícil, sí, aunque no imposible.

En este asunto hay zonas más luminosas que otras. Entre enero y agosto, según la patronal de fabricantes de vehículos, Anfac, se han vendido 48.008 turismos electrificados, un 40% de los 120.000 situados como objetivo a finales de diciembre. El retraso es menor del que se atribuía Anfac en junio, según los datos del Barómetro de la Electromovilidad que elabora cada trimestre y publicó la semana pasada. Entonces, el porcentaje de vehículos electrificados vendidos estaba en un desesperante 31,8%, un total de 38.127 unidades. Agosto fue un mes provechoso, con 4.127 turismos electrificados entregados: 1.401 propulsados solo por batería, y 2.773 híbridos enchufables, con una autonomía eléctrica limitada y un motor térmico casi siempre de gasolina.

VASO MEDIO LLENO

Más luces. «El objetivo de 250.000 vehículos eléctricos previsto por el Gobierno en 2023 se va a superar con facilidad, pues a estas alturas ya contamos con ese parque, incluyendo toda tipología de vehículos matriculados de batería e híbridos enchufables. El gran reto pasa por alcanzar los cinco millones de unidades en 2030, a ocho años vista», afirma Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociacion Empresarial para el Desarrollo e impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). Argumenta su optimismo en la geopolítica (los problemas en el suministro de petróleo), «que pone de manifiesto el valor del vehículo eléctrico no solo como instrumento de movilidad sostenible, sino también de eficiencia energética«.

Los fabricantes están más preocupados, porque han realizado ingentes inversiones. «Están comprometidos», afirma Félix García, director de Comunicación de Anfac. «Solo basta mirar la gama de modelos de cada marca: hay 200 versiones de modelos electrificados disponibles hoy en el mercado».

LA PREOCUPACIÓN

La preocupación proviene no solo de los datos objetivos del citado Barómetro, sino de las barreras que todavía se encuentran los posibles compradores de vehículos o los que quieren instalar puntos de recarga. «Para saber si 2023 es el año definitivo para dar un impulso serio a la electrificación del parque de vehículos», continúa García, «sería conveniente contar con un mapa oficial de puntos de recarga, saber en qué estaciones va a haber un poste; que un punto de recarga en la vía pública funcione en un plazo máximo de seis meses; eliminar la obligación de declarar en el IRPF las ayudas del Plan Moves III y simplificar sus trámites. Falta acelerar la infraestructura de recarga y hacer más efectivas las ayudas públicas», concluye.

En esta línea, el director general de Anfac, José Pérez-Tafall, indicaba al publicar los aceptables datos de agosto la necesidad de «generar un marco que haga del electrificado una opción atractiva, segura de uso y accesible para el usuario».

TRABAJO CONJUNTO

Pérez de Lucia reconoce «problemas como la concesión de licencias y permisos, algo que ya se está trabajando para resolver en el grupo de trabajo de infraestructuras que ha puesto en marcha la Secretaría de Estado de Energía, junto con asociaciones del sector y gobiernos regionales». El responsable de Aedive añade la importancia de que «se aplique una rebaja temporal del IVA como vía rápida de aplicar ayudas en la compra», una petición recurrente a la que el Gobierno ha hecho oídos sordos hasta la fecha. «Proponemos que el vehículo eléctrico reciba el mismo tratamiento fiscal del que ya goza la rehabilitación de viviendas», demanda.

«Desde Anfac, esperamos que el Gobierno se implique en acelerar el establecimiento de unos objetivos vinculantes tanto en materia de infraestructura de recarga como en la penetración en el mercado de vehículos con enchufe. Si el Ejecutivo se ha comprometido a acortar al 1 de enero de 2035 la prohibición en Europa de coches que emitan gases contaminantes, tiene que actuar con más agilidad en pro de la electromovilidad«, concluye García.

EL COCHE COMPARTIDO

Mucho más lleno está el vaso que sostiene Javier Mateos, CEO de Zity by Mobilize, la compañía de movilidad compartida. «En muy poco tiempo estamos viviendo evidencias claras del cambio climático, limitaciones de movilidad durante la pandemia y una crisis energética que está disparando la inflación. El cóctel actual nos exige un uso racional de los recursos disponibles. No hay otra opción. Y es un hecho que 2023 será un año clave para el despegue del vehículo eléctrico. Las ventas de este tipo de vehículos se multiplican, ya que las barreras de desconocimiento y limitaciones han desaparecido gracias, entre otros, al uso masivo de coches eléctricos en servicios como el de Zity.

El redactor jefe de Carwow España, Mario Garcés, matiza: «2023 será un año de transición hacia la electrificación con un salto potente en ventas, dada la gran cantidad de novedades que el sector ha presentado durante 2022. Los conductores y la oferta comercial han madurado más en el último año que la infraestructura de carga, actual talón de Aquiles de la movilidad eléctrica».

Generan más de la mitad del oxígeno que se respira en el planeta, ayudan a regular la temperatura y absorben anualmente un 26% de las emisiones de dióxido de carbono. A esto hay que sumarle que proporcionan puestos de trabajo a entre un 10% y un 12% de la población y aportan, según el Informe Sofia de la ONU, el 20% de la proteína animal que consumen unas 3.200 millones de personas.

Este resumen estadístico remarca la importancia de los océanos y toda su biodiversidad, tanto a nivel medioambiental como económico. Pero su situación ahora mismo es crítica y no podrán realizar estas funciones de forma óptima salvo que se produzca un giro radical y se apliquen políticas para su protección. Algo que en 2015 se incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS 14) en su Agenda 2030 y que ahora se ha convertido en una emergencia, pues el tiempo juega en contra de los océanos.

«Solo está protegida un 3% de la superficie oceánica y esto lleva ya siendo así muchos años. El objetivo es llegar al 30% en 2030 y ya parece que vamos con much retraso», apunta Celia Ojeda, responsable de Biodiversidad de Greenpeace.

Otros expertos, como Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española de Pacto Mundial de las Naciones Unidas, manejan informes más favorables, aunque aún lejos de la meta: «En 2021, la cobertura de las áreas marinas protegidas (AMP) a nivel mundial representó un 8% de las aguas costeras y los océanos, y se espera que aumente debido a las recientes designaciones de AMP, acercándose al 10% de lo que requieren los ODS.»

Pero, más allá de las previsiones, como indican los informes de esta organización, alrededor del 55% de las áreas en las que se acumula mayor biodiversidad oceánicas se encuentran desprotegidas. Un problema acentuado por el cambio climático y el aumento progresivo de las temperaturas en los últimos años.

«Algunos científicos han comenzado a sacar conclusiones y notan ya que las altas temperaturas están afectando a la reproducción y a la fijación del terreno de plantas acuáticas como el coral o la posidonia. Si ese hábitat se destruye, dejará de existir esa barrera protectora para otras especies tanto animales como vegetales y habrá problemas serios de oxigenación, opina Ojeda.

«La saturación de plásticos, la sobrepesca y la eutrofización [aporte excesivo de nutrientes inorgánicos] de las aguas por los vertidos de las actividades agrícolas han situado los niveles de acidez en máximos históricos», agrega Sánchez. «Esto ha provocado que un 90% de las grandes especies marítimas de peces queden mermadas y el 50% de los arrecifes de coral, destruidos«.

IMPACTO ECONÓMICO

El crecimiento mundial podría verse afectado seriamente por esta catástrofe medioambiental. Isabelle Juillard Thompsen, fund manager de DNB Future Waves, fondo de inversión noruego vinculado a la sostenibilidad, remarca la importancia de los océanos en este aspecto: «Según un estudio reciente del Centro de Sostenibilidad de Cambridge, casi la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza, dentro de la cual el océano ocupa una parte importante«.

A su vez, esta experta resalta su futuro potencial: «La OCDE estima que la economía azul puede crecer hasta dos veces más rápido que la economía mainstream, y podría llegar a contribuir con hasta dos billones y medio al año, lo que es bastante significativo».

España, dada su situación geográfica y sus cerca de 8.000 kilómetros de litoral, es uno de los países más afectados por esta situación. Los datos del Pacto Mundial de la ONU indican que las actividades vinculadas al mar emplean a más de 691.000 personas y generan cerca de 23.000 millones de euros de valor agregado bruto.

«El aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global, por ejemplo, podría hacer que en el año 2050 las costas españolas tengan un metro menos de playa. Esto afecta a las edificaciones y los negocios que están a pie de mar», aclara Sánchez.

Dada la urgencia que requiere un caso como este, cuesta entender que los estados que integran la ONU no hayan conseguido todavía llegar a un acuerdo para blindar los océanos. Ojeda señala dos escollos principales por los que no se ha llegado al consenso total: «La nula intención de algunos países de terminar con la sobrepesca y la gestión de los recursos genéticos de los océanos, como la minería en los fondos marinos«.

Tal como apuntilla Thompsen, firmar un tratado internacional se complica aún más, dado que «el 60% del territorio oceánico son aguas internacionales fuera de las jurisdicciones estatales y el actual conflicto de intereses entre potencias como Rusia y Estados Unidos«.

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